Fecha de hoy: Jueves 03 de julio del 2008

Deza

El Concello rebajará la subida de tasas de la feria del 100% al 10%

El acuerdo con Rodríguez frenó la huelga y los ambulantes montaron sus puestos

Autor:

La Voz

Fecha

La feria de Lalín comenzó ayer más tarde de lo habitual. Y es que lo que hicieron los vendedores ambulantes, con el presidente de Acapag José Manuel Liste a la cabeza, a primera hora de la mañana fue dirigirse al Concello de Lalín para mostrar su desacuerdo con las tasas por instalarse en la feria, que pasaron a duplicarse este año con respecto al 2007. Liste y otros seis vendedores ambulantes habituales en Lalín se reunieron a las 9 horas con el concejal Antonio Rodríguez, para exponerle que las actuales tasas les parecían un abuso.

Ante estas reclamaciones, el edil lalinense les expuso la imposibilidad de cambiar en este momento las tasas aprobadas por el pleno, que ya habían tenido que ser modificadas tras una alegación del propio colectivo Acapag. Sin embargo, Rodríguez apuntó la posibilidad de reunirse en el mes de octubre, y rebajar la subida desde el 100% que se realizó este año a un máximo del 10% sobre las tasas vigentes en el 2007. Los feriantes se mostraron conformes con esta posibilidad, pero demandaron plasmarlo por escrito.

De esta manera, se redactó un escrito firmado por el concejal Antonio Rodríguez en el que, en nombre del grupo de gobierno del Concello de Lalín «comprométese cos adxudicatarios dos postos de venda ambulante do Concello de Lalín a revisar na primeira quincena do mes de outubro de 2008 as taxas pola instalación de postos de venda ambulante, non sendo superior a subida ó 10% das taxas que estaban vixentes no ano 2007».

A montar a las 10 horas

Con el acuerdo en la mano, Liste y los representantes de los vendedores salieron a la Praza do Concello, donde se concentraban decenas de feriantes, que tras conocer el acuerdo se dirigieron a la feria para montar sus puestos, alrededor de las 10 de la mañana. Liste señala que los vendedores ambulantes alcanzaron con Rodríguez el compromiso de pagar en este segundo semestre del año las tarifas ya aprobadas -el doble que en 2007-, al igual que se pagaron así también las de enero-junio.

Liste se mostró satisfecho del acuerdo alcanzado, ya que consideró lógico que el Concello incremente las tarifas hasta un 10% porque llevaba tres años sin subirlas «e é lóxico que apliquen o IPC, é unha suba asumible». El presidente de Acapag confía en que el Concello respete lo acordado, y lamentó que «haxa que chegar a estes extremos, e amenazar coa folga para chegar a este acordo, porque se che suben o IPC non podes decir nada».

El acuerdo permitió que, aunque con retraso, la feria se desarrollase con normalidad. Y la comitiva del PP pudo comer el pulpo y visitar los puestos.

 

 

 

 

 

 

Unidad de Relaciones Informativas y Sociales

La actuación policial se ha realizado en la Comunidad Valenciana

La Policía Nacional detiene a los autores de un fraude a las arcas públicas que supera los 4.600.000 euros

Los agentes han detenido a 73 personas, entre las que se encuentran empresarios y trabajadores, acusadas de fraude a la Seguridad Social, falsificación de documentos, estafas e insolvencia punible

Los empresarios cobraban a los supuestos trabajadores una cuota inicial de 150 euros, además de sucesivos pagos mensuales, por darles de alta en la Seguridad Social para así posteriormente solicitar prestaciones y subsidios

27-junio-08.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, responsables de varias mercantiles, acusadas de un fraude a la Seguridad Social de 4.000.000 de euros, además de falsedad documental e insolvencia punible. Otras 69 personas, supuestos trabajadores de esas empresas, han sido arrestadas por una estafa al INEM de 600.000 euros y falsedad documental. Los empresarios les ofrecían darles de alta en la Seguridad Social como trabajadores de sus mercantiles, sin que realizaran actividad laboral alguna en las mismas y solicitando así prestaciones y/o subsidios por desempleo.

La operación policial ha sido realizada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. Los cuatro titulares o administradores de las empresas han sido detenidos en la provincia de Valencia y han pasado ya a disposición judicial. En Valencia se han detenido también a 59 supuestos empleados, otros 7 en Castellón, 2 en Alicante y 1 en Madrid, todos ellos en libertad con cargos tras prestar declaración.

Controles de la Tesorería

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Tesorería General de la Seguridad Social, en el ámbito de sus controles habituales, detectó la falta de cotización de las empresas implicadas, a pesar de que éstas mantenían trabajadores en alta. La Tesorería informó entonces de los hechos a la Policía Nacional para que practicará las actuaciones pertinentes.

El ”modus operandi” consistía en constituir sociedades, que pese a no desarrollar una actividad laboral real y efectiva, eran inscritas en la Seguridad Social, haciendo figurar como socios constituyentes, y aparentes responsables de las mercantiles, a personas que no ejercían actividades de dirección de las mismas y que no eran sino meros testaferros, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar de este modo la acción recaudatoria de la Tesorería.

Su objetivo era dar de alta en la Seguridad Social a personas que no trabajaban en las mismas de dos formas diferentes. Por un lado eran dados de alta individuos dedicados a la actividad de venta ambulante en ferias y mercadillos, con objeto de que les fueran facilitados por los Ayuntamientos la licencia correspondiente ya que precisaban acreditar estar dados de alta en la Seguridad Social. Para ello uno de los empresarios detenidos J.J.S., alias “Requena”, visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedores ambulantes el ser dados de alta en estas empresas, a cambio de una cantidad de dinero en concepto de cuota inicial, que ascendía, según algunas declaraciones, a la cantidad de 150 euros y pagos mensuales sucesivos para el supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social, que en ningún caso se llevaban cabo.

Por otro, también eran dadas de alta como trabajadores de estas empresas personas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles, con lo que eludían de este modo el pago de los seguros sociales de estos trabajadores.

En ambos casos se facilitaban a los trabajadores, a medida que acumulaban los periodos de carencia establecidos para la obtención de prestaciones, la documentación necesaria que posteriormente era presentada en el INEM, para solicitar y obtener prestaciones y/o subsidios por desempleo.

 http://www.policia.es/prensa/080627_2.htm

Fecha de hoy: Domingo 29 de junio del 2008

España

 

Comunidad Valenciana Detenidas 73 personas en la Comunidad Valenciana por estafar 4,6 millones a la Seguridad Social

El Ministerio del Interior ha valorado el fraude en 4,6 millones de euros. Entre los arrestados hay cuatro empresarios y 69 empleados.

Autor:

Efe

Fecha

Hora:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Comunitat Valenciana a 73 personas por su implicación en un fraude a la seguridad social valorado en 4,6 millones de euros, han informado fuentes del Ministerio del Interior.

Entre los detenidos figuran cuatro empresarios, acusados de un fraude de 4 millones de euros, además de falsedad documental e insolvencia punible. Otras 69 personas, supuestos trabajadores de esas empresas, han sido arrestadas por una estafa al INEM de 600.000 euros y falsedad documental.

Los empresarios les ofrecían darles de alta en la Seguridad Social como trabajadores de sus mercantiles, sin que realizaran actividad laboral alguna en las mismas y solicitando así prestaciones y/o subsidios por desempleo.

La operación policial ha sido realizada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los cuatro titulares o administradores de las empresas han sido detenidos en la provincia de Valencia y han pasado ya a disposición judicial, según las mismas fuentes. En Valencia se han detenido también a 59 supuestos empleados, otros 7 en Castellón, 2 en Alicante y 1 en Madrid, todos ellos en libertad con cargos tras prestar declaración.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Tesorería General de la Seguridad Social detectó la falta de cotización de las empresas implicadas, a pesar de que éstas mantenían trabajadores en alta.

El «modus operandi» consistía en constituir sociedades que, pese a no desarrollar una actividad laboral real, eran inscritas en la Seguridad Social, haciendo figurar como socios constituyentes a personas que no ejercían actividades de dirección de las mismas y que no eran sino meros testaferros, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar la acción recaudatoria de la Tesorería.

Su objetivo era dar de alta en la Seguridad Social a personas que no trabajaban en las mismas de dos formas diferentes. Por un lado eran dados de alta individuos dedicados a la actividad de venta ambulante en ferias y mercadillos, con objeto de que les fueran facilitados por los Ayuntamientos la licencia correspondiente, ya que precisaban acreditar estar dados de alta en la Seguridad Social. Para ello uno de los empresarios detenidos J.J.S., alias «Requena», visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedores ambulantes el ser dados de alta en estas empresas, a cambio de una cantidad de dinero en concepto de cuota inicial de 150 euros y pagos mensuales sucesivos para el supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social, que en ningún caso se llevaban cabo.

Por otro, también eran dadas de alta como trabajadores de estas empresas personas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles, con lo que eludían de este modo el pago de los seguros sociales de estos trabajadores. En ambos casos se facilitaban a los trabajadores, a medida que acumulaban los periodos de carencia establecidos para la obtención de prestaciones, la documentación necesaria que posteriormente era presentada en el INEM, para solicitar prestaciones y subsidios por desempleo.

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=00031214561537001867683&idSeccion=B67863C80A80B198004568F84346CA98

 

 

Envía datos á Consellería de Cultura e Deporte:  anodamemoria@xunta.es

 

                                 http://franciscoromeroalvite.spaces.live.com/

Querid@s amig@s!
 
Trasladovos a convocatoria que me chegou o meu correo (a través dun amigo), co gallo da futura visita a Illa de San Simón, á homenaxe a Tod@s @s que sufriron a represión. Esta mensaxe de convocatoria saiu da Consellería de Cultura, polo que tod@s @s que desexedes acudir tedes que contactar ca mesma consellería indicando o enderezo electrónico, número de teléfono, e nome e apelidos dos asistentes. De acudir un grupo ou colectivo, indicar o teléfono d@ responsabel do grupo. Contactade no enderezo: anodamemoria@xunta.es
 
Un saudo, Víctor Manuel Fuentes Viaño

 

 

Señora Directora Xeral: OS QUE ENTRAMOS EN CRISIS SEGUIMOS AGARDANDO

 

 

 

Fecha de hoy: Jueves 12 de junio del 2008

Pontevedra

 

Una campaña de multas busca frenar el auge de protestas sin autorización

Delfín Fernández afirma que se castigará a los portavoces de grupos que no soliciten permiso para movilizarse

La Subdelegación del Gobierno ultima sanciones para el Pueblo Gitano y líderes del «catastrazo» de Moaña

Autor:

Nino Soto

Fecha

El líder vecinal sancionado por la Subdelegación por las protestas de la PO-531 y los vecinos que corrieron la misma suerte de Monte Porreiro y Caritel por la concentración en Poio contra el realojo de los gitanos, no serán los únicos que reciban multas estos días. Además, ya se abrieron expedientes sancionadores también contra tres de los responsables de cortes de tráfico en Sanxenxo por la reforma de la PO-504 (Sanxenxo-Vilalonga).

Desde la institución gubernamental se anunció que en la actualidad se están tramitando propuestas de sanción para los organizadores de la concentración contra una emisora de radio en las ciudades de Pontevedra y Vigo, contra responsables de la asociación Pueblo Gitano por una manifestación en Ponteareas, y contra los portavoces de la plataforma contra el «catastrazo» de Moaña.

No se trata de mano dura, apuntan desde la Administración central en Pontevedra, sino de ser firmes a la hora de utilizar la normativa para reducir o evitar la celebración de concentraciones sin autorización, o en situaciones que, aunque permitidas, se van de las manos, como el corte de tráfico en A Barca del 1 de abril. «Cuando hay escaladas por este tipo de incumplimientos, vamos a ser muy rigurosos a la hora de cumplir la ley», afirmó Delfín Fernández, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra. «Tenemos que ejercer nuestro derecho a la reunión en espacios públicos pero respetando las reglas del juego».

En este sentido, Delfín Fernández sostuvo que, generalmente, cuando se cumple la ley no se producen problemas, ni tampoco se redactan expedientes sancionadores. No obstante, lo que no se va a tolerar, destacó el subdelegado, son comportamientos vandálicos o acciones que pongan en peligro la seguridad ciudadana.

Desde la Subdelegación se advirtió ayer, por ejemplo, de que los afectados por el proyecto de la A-57 carecen de autorización para manifestarse el viernes 2 de mayo. «Aviso a navegantes», subrayó Delfín Fernández, para recordar además que la concentración carece del permiso pertinente.

Delfín Fernández explicó que una vez se solicita el derecho a una reunión en un espacio público de más de 20 personas (concentración o manifestación», la